Empresario local es defraudado con 8.6 mdp mediante compra de un domicilio en la colonia Guadalupe
Connotada familia de la calle Washington vendió el inmueble pese a estar fuera de mercado por ser un patrimonio familiar, hoy se reúsan a regresar el dinero que ya recibieron y no cumplieron con la entrega de la casa habitación. Además los afectados acusan incapacidad del MP en el caso.
Monclova. Los abogados Marco Antonio Limón Regalado y Ramón Escobedo Bernal, representantes legales de la empresa Diseñadores de Ingeniería y Construcción del Noreste S.A., denunciaron públicamente un presunto fraude relacionado con la compra de un inmueble que legalmente no podía ser vendido. Exigen que el fiscal general del estado, Federico Fernández, intervenga en el caso.
Según los abogados, el problema radica en la venta de una casa ubicada en la calle Washington de la colonia Guadalupe. La operación, celebrada en septiembre de 2021, involucraba un contrato de compraventa por más de 8 millones de pesos. Sin embargo, el inmueble está protegido como patrimonio familiar, lo que lo hace inalienable y fuera del comercio.
“En más de 20 años de experiencia legal, nunca habíamos enfrentado una situación tan irregular como esta”, señaló Limón Regalado. Detalló que, aunque la vendedora, María Esperanza Ramos Dávila, y el notario Julián Márquez Abundis informaron sobre la existencia del patrimonio familiar, omitieron explicar que el inmueble no podía ser vendido bajo esa condición, incurriendo en lo que calificaron como un acto doloso.
Acusaciones de fraude y negligencia notarial
El caso se tornó más grave cuando los representantes legales descubrieron que el notario encargado no sólo había formalizado la compraventa, sino también la constitución del patrimonio familiar del inmueble en febrero de 2021, apenas meses antes de la transacción. “Esto evidencia dolo y una grave falta ética. El notario debió advertir que el inmueble no era sujeto de venta”, explicó Escobedo Bernal.
La empresa pagó casi la totalidad del contrato, acumulando más de 8.6 millones de pesos, pero nunca recibió la propiedad. Además, Ramos Dávila demandó posteriormente la rescisión del contrato, alegando incumplimiento de pago, aunque no devolvió el dinero recibido. “La señora quiere quedarse con el inmueble y el dinero, lo cual es un acto de abuso inaceptable”, añadieron los abogados.
Irregularidades en la Fiscalía y el Ministerio Público
Los representantes legales también señalaron presuntas irregularidades en el manejo del caso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Denunciaron la falta de diligencia del Ministerio Público especializado en delitos patrimoniales, liderado por el licenciado Roberto Clemente, quien supuestamente no investigó adecuadamente ni actuó con imparcialidad.
“Entregamos todas las pruebas: contratos, recibos de transferencia y demás documentos. Aun así, hemos enfrentado una atención deficiente por parte de las autoridades. Esto refleja la necesidad urgente de personal capacitado en las agencias del Ministerio Público, no sólo en derecho penal, sino también en áreas civiles y mercantiles”, declararon.
Llaman a hacer valer la justicia
Ante este panorama, los abogados exigen que el fiscal general, Federico Fernández, garantice una revisión exhaustiva del caso y sancione a los responsables, incluidos la vendedora y el notario involucrado. “Es imperativo que se haga justicia y se castigue a quienes participaron en este fraude. No podemos permitir que actos como este queden impunes”, concluyeron.
El juicio civil está en etapa de alegatos y se espera una resolución a inicios de 2025. Paralelamente, la querella penal sigue en curso, con la esperanza de que las autoridades actúen conforme a derecho y resuelvan este caso que ha puesto en jaque el patrimonio de una empresa monclovense.
