Ya hay 1,700 obreros reconocidos, faltan más de 9 mil en la lista de prelación de pagos
Tribunales federales advierten sobre prioridad de créditos laborales en concurso mercantil
El drama laboral que envuelve a miles de familias en Coahuila quedó expuesto tras la entrega de una lista con más de mil 700 trabajadores que reclaman pagos atrasados. El síndico del proceso concursal presentó esta documentación, aunque reconoció que aún faltan los expedientes de más de 9 mil empleados.
Los documentos incluyen contratos colectivos, nóminas y boletas de pago, que fueron resguardados como información confidencial para evitar su reproducción. La jueza ordenó mantenerlos bajo estricta custodia mientras continúa la revisión, en un proceso que avanza con lentitud frente a la magnitud de la deuda y el número de afectados.
Tribunales laborales federales también remitieron sentencias que obligan a la empresa concursada a liquidar prestaciones pendientes. Estas resoluciones refuerzan la urgencia de respetar el orden legal de prelación, que coloca a los trabajadores como los primeros en cobrar, en medio de una crisis que ha golpeado duramente a la región industrial.
El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros y Siderúrgicos exigió que ningún gasto operativo se anteponga a los salarios y derechos laborales. La organización recordó que cada día de retraso significa incertidumbre para familias que han esperado años por una resolución, mientras la compañía permanece bajo investigación y vigilancia judicial.
El síndico también entregó su informe mensual de inversiones, revelando movimientos financieros que podrían servir para los futuros pagos. Sin embargo, la documentación entregada solo cubre una mínima parte de los 9,861 empleados afectados, dejando pendiente el reconocimiento formal de la mayoría de los créditos laborales en disputa.
Este nuevo avance judicial confirma que el concurso mercantil atraviesa una etapa crítica. La presión social crece mientras el expediente se vuelve más voluminoso y complejo. Para muchos, este proceso representa no solo una lucha legal, sino el último recurso para recuperar años de trabajo y estabilidad perdida.
