Muchas broncas…pocas soluciones
A ver si entendí la situación de Monclova y Coahuila: el desastre es generalizado y nadie tiene la culpa, excepto quizás, tú. Yo veo las noticias y me pregunto si vivimos en un estado de emergencia o en una burla institucional financiada por nuestros impuestos.
Empecemos por el dengue. Llevamos 124 contagios confirmados hasta la semana 43 y, para el colmo del cinismo, ya se registró un deceso por la variante hemorrágica. Setenta de esos casos son solo en Monclova, que ya es oficialmente el epicentro. El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, el Dr. Aguilar Arocha, ya nos marcó las colonias “peligrosas”: Leandro Valle, Hipódromo, La Ribera. Las catalogó, sin más ni menos, como “zonas rojas”.
Y ante esta crisis, donde ya hay 7 casos catalogados como dengue grave y 52 con signos de alarma, ¿cuál es la gran reacción de la autoridad? Anunciar que, gracias al apoyo Federal y Estatal, se han concretado 15 nuevos contratos para personal de vectores. ¡Quince personas! ¡Quince héroes para salvar a una región entera! Y mientras tanto, nos mandan a nosotros el “llamado de urgencia”: no nos automediquemos. Claro, la culpa es de la población por no ir al médico a tiempo, no de la cantidad de criaderos que dejaron crecer hasta que tuvimos un muerto. La alerta está “elevada”, pero el número de manos para combatirla es ridículo.
Luego pasamos a la noble labor de la explotación infantil. No es suficiente con el dengue, también tenemos menores pidiendo dinero o trabajando en los cruceros. La subprocuradora Martha Herrera nos confirma que el problema es de “mayor magnitud” en Monclova, y nos ilustra con el caso de un niño de 6 años que limpiaba vidrios en el supermercado de la colonia Hipódromo, una familia que es reincidente y tiene serios problemas de adicciones.
Y aquí viene el mensaje directo para ti, ciudadano solidario: “No le demos dinero a los niños”. Porque al dar limosna, usted está “fomentando la explotación”. Es decir, la culpa de que haya niños explotados es del que les da una moneda por lástima, no de los padres que, como en el caso del niño rescatado, los dejan recurrentemente en el sitio para que soliciten limosna.
Lo mejor de todo es la solución para los padres explotadores. La funcionaria aclara que, tristemente, las leyes no contemplan sanciones penales para estos casos de vulneración de derechos. ¿Entonces qué hacemos? En lugar de castigo, la Procuraduría se enfoca en “dotarlos de herramientas”. Sí, leyó bien. El enfoque es canalizar a los padres a terapia o rehabilitación para que “superen las adicciones” y “mejoren su paternidad”. Usan a sus hijos como negocio y el Estado les paga la terapia. ¡Qué incentivo para el trabajo decente!
Y para que la tragedia económica no se quede atrás, tenemos a AHMSA. La venta de activos, que es crucial para la liquidación de la acerera, está completamente detenida, varada en un “limbo legal”. ¿Por qué? Porque la jueza, la “rectora del procedimiento”, no sabe hasta dónde llegan sus propios límites.
La jueza le está preguntando al IFECOM si su trabajo es solo de florero, revisando que la propuesta de venta cumpla con los requisitos formales (Opción A), o si puede meterse a fondo, revisar y hasta modificar la propuesta para asegurar que “no viole ninguna disposición de orden público” (Opción B). Es un dilema existencial sobre si una jueza puede juzgar. Este debate abstracto sobre el alcance del Artículo 205 de la LCM tiene la liquidación en suspenso. La buena noticia es que el IFECOM tiene ocho días para dar su opinión consultiva y “dar celeridad”. Celeridad. Por favor.
Así estamos: entre la parálisis judicial que no se decide, la explotación infantil que se combate culpando al ciudadano, y una epidemia que se ataca con un puñado de nuevos empleados. Yo sigo aquí, esperando a ver qué otra cosa me dicen que es mi culpa.
