Julián Torres confirma que no habrá nuevas movilizaciones inmediatas para permitir la recuperación de los trabajadores agredidos el pasado lunes.
Tras retomar la asamblea semanal en la plaza, el presidente del grupo de autodefensa de exobreros de AHMSA, Julián Torres, anunció un acuerdo de calma por unos días. El objetivo principal es asistir a los compañeros que resultaron golpeados durante los incidentes recientes para que recuperen fuerzas. El saldo reportado es de nueve personas detenidas con diversas lesiones y aproximadamente seis trabajadores más con heridas provocadas por pedradas.
Sobre la posibilidad de emprender acciones legales por estas agresiones, la dirigencia señaló que cada afectado deberá tomar una decisión individual. Aunque el tema fue discutido en la asamblea, Torres aclaró que la organización no puede denunciar a nombre de otros, por lo que evaluarán cada caso personalmente. Por el momento, el grupo no ha definido una postura colectiva de “sí” o “no” respecto a los procedimientos jurídicos por las lesiones.
La incertidumbre económica sigue en aumento debido a que el síndico del proceso de quiebra extendió el plazo de resolución hasta el mes de julio. Esta demora de más de dos meses adicionales ha provocado desesperación entre los trabajadores, quienes afirman ya no creer en las declaraciones de los responsables legales del caso. El movimiento sostiene que la falta de pagos es el motivo real detrás de las manifestaciones y el descontento social.
Ante la falta de avances, los exobreros insisten en que la Presidenta de la República debe intervenir de manera directa y enérgica para solucionar el conflicto. Argumentan que, si el proceso sigue estrictamente los tiempos de la ley, existe el riesgo de que nunca logren cobrar lo que se les adeuda. Para el grupo de autodefensa, solo el poder ejecutivo puede destrabar la quiebra de la empresa de forma definitiva.
Finalmente, la dirigencia rechazó los señalamientos sobre la supuesta participación de agitadores externos en las protestas del lunes. Torres aseguró que los participantes son únicamente trabajadores y sus familiares, respaldados por una lista de firmas que acredita su identidad. Negó rotundamente que el movimiento esté infiltrado y acusó que dichas versiones solo buscan distorsionar y ensuciar la legitimidad de su lucha por los derechos laborales.
