¿QUIÉN INVESTIGA A LOS QUE IMPARTEN JUSTICIA?
Durante años hemos escuchado el mismo discurso: que la justicia debe ser imparcial, transparente y ajena a cualquier interés particular. Sin embargo, cuando una abogada penalista con casi dos décadas de experiencia decide levantar la voz para denunciar presuntas irregularidades dentro del propio sistema judicial, el tema deja de ser un asunto personal y se convierte en una discusión pública que merece atención.
Juanita Olalde Felipe anunció que denunciará los ataques que ha recibido en redes sociales, donde la señalan de supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias. Hasta ahí, estamos frente a un fenómeno cada vez más común: las redes sociales convertidas en tribunales improvisados donde cualquiera acusa y pocos prueban. Lo preocupante no es solamente eso, sino lo que vino después.
La litigante asegura que pedirá investigar posibles actos de corrupción, tráfico de influencias y otras conductas indebidas dentro del sistema judicial. No afirma que existan delitos consumados, pero sí habla de situaciones extrañas, patrones repetitivos y coincidencias que, según ella, ameritan una revisión seria por parte de las autoridades competentes.
Y aquí es donde surge la pregunta incómoda: ¿quién investiga a quienes imparten justicia? Porque en México estamos acostumbrados a ver investigaciones contra policías, alcaldes, empresarios o funcionarios públicos, pero pocas veces observamos que se examine con el mismo rigor el actuar de jueces y operadores del sistema judicial.
Si las acusaciones de Olalde son falsas, deberán desecharse con pruebas y procedimientos. Pero si existe la mínima posibilidad de que haya favoritismos o tráfico de influencias en algún juzgado, la sociedad tiene derecho a saberlo. La confianza en la justicia no se fortalece ocultando cuestionamientos; se fortalece investigándolos.
Lo peor que podría ocurrir es que este asunto termine reducido a una guerra de declaraciones en Facebook mientras las instituciones permanecen inmóviles. Porque cuando las dudas sobre la imparcialidad judicial se acumulan y nadie responde, la sospecha termina ocupando el lugar que debería ocupar la certeza.
ENTRE DIPUTADOS TE VEAS…
La política coahuilense tampoco deja de ofrecer espectáculos que poco ayudan a la imagen de quienes ocupan cargos públicos. Esta semana fue la diputada Guadalupe Oyervides quien lanzó una batería de críticas contra los hermanos Tania y Tony Flores, así como contra Ricardo Mejía Berdeja.
Más allá de simpatías o diferencias partidistas, resulta preocupante que el debate político siga desarrollándose a través de confrontaciones personales, acusaciones de inestabilidad emocional y llamados públicos a buscar terapia psicológica. El nivel de la discusión pública parece estar descendiendo peligrosamente.
La legisladora tiene razón en un punto fundamental: quien protesta cumplir la ley debe ser el primero en respetarla. No puede exigirse legalidad desde una curul mientras se desafían resoluciones o procedimientos cuando resultan inconvenientes políticamente.
Sin embargo, tampoco ayuda demasiado que el intercambio político termine convirtiéndose en una competencia de descalificaciones. Los ciudadanos esperan propuestas para resolver problemas económicos, de seguridad o de empleo, no una colección interminable de pleitos entre actores que deberían estar ocupados gobernando o legislando.
Quizá la derrota electoral dejó heridas abiertas en algunos sectores. Quizá el triunfo generó excesos de confianza en otros. Pero mientras unos y otros siguen intercambiando golpes verbales, miles de familias enfrentan preocupaciones mucho más reales y urgentes.
Y MIENTRAS TANTO… AHMSA
En medio de todo esto, el expediente de AHMSA sigue escribiendo capítulos que parecen no tener fin. Ahora un juzgado federal ordenó que en apenas tres días se acredite la devolución de mil 592 equipos tecnológicos reclamados por Dell Leasing México, bienes valuados en más de 21.4 millones de pesos.
La resolución es clara. Los equipos no forman parte de la masa concursal porque fueron entregados bajo contratos de arrendamiento. Jurídicamente el asunto parece resuelto. El problema es que la realidad de AHMSA rara vez sigue caminos sencillos.
Los trabajadores han manifestado en diversas ocasiones su rechazo a la salida de activos de la empresa. Para muchos de ellos, cada computadora, cada impresora y cada equipo que abandona las instalaciones representa un recordatorio de que la quiebra sigue avanzando mientras sus esperanzas de recuperación se reducen.
Aquí aparece otro ingrediente que no debe ignorarse. El propio síndico Víctor Manuel Aguilera sostuvo en su momento que parte de esos equipos contenían información relevante para el procedimiento de quiebra. Si eso es cierto, surge una interrogante inevitable: ¿ya se resguardó toda esa información o todavía podría convertirse en un argumento para retrasar el cumplimiento de la resolución?
Porque si algo ha caracterizado este proceso es precisamente la capacidad de encontrar nuevos obstáculos cuando parece que una etapa está por concluir. Acreedores, trabajadores, exdirectivos, autoridades y tribunales han protagonizado una historia donde cada resolución abre paso a una nueva controversia.
Ojalá esta vez no ocurra lo mismo. Ojalá dentro de tres días exista claridad absoluta sobre la entrega de los equipos y sobre la información que eventualmente contienen. Porque lo último que necesita la región es otro episodio que prolongue una quiebra que ya lleva demasiado tiempo consumiendo empleos, inversiones y esperanzas.
Aunque, siendo sinceros, después de todo lo que hemos visto en AHMSA, sorprenderse por un nuevo retraso sería casi un acto de ingenuidad.
