Extrabajadores denuncian la venta de la línea Coahuila-Durango por 48 millones de pesos y solicitan un escrutinio especial diario ante la jueza mercantil.
La crisis de Altos Hornos de México alcanza un nuevo punto crítico tras la polémica venta de activos ferroviarios. El Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA impugnó formalmente la comercialización de la línea Coahuila-Durango, calificando la transacción como un verdadero despojo patrimonial para la golpeada plantilla de obreros.
Julián Torres Ávalos, presidente de la asociación, envió una enérgica queja a la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. En el documento denuncia que el cincuenta por ciento de las acciones se remató en apenas cuarenta y ocho millones de pesos, una cifra considerada una absoluta burla.
El líder obrero expuso que el valor real de la maquinaria supera por diez veces la cantidad pactada por el síndico. Los afectados exigen acceso inmediato al avalúo oficial para revisar un proceso que consideran opaco, acusando directamente una preocupante falta de claridad sobre el destino final de estos valiosos recursos financieros.
La desesperación impera entre los afectados, pues el largo juicio concursal ya suma más de tres años de retrasos. Durante este desgastante periodo, cerca de ochenta extrabajadores han fallecido, dejando en la total desprotección y el desamparo económico a casi nueve mil familias vulnerables en toda la región de Coahuila.
Mientras las familias carecen de sustento, los representantes de la sindicatura y el personal administrativo continúan percibiendo sueldos presuntamente millonarios. Los inconformes señalan que estos salarios resultan totalmente desproporcionados, siendo incluso superiores a los ingresos mensuales que recibe actualmente la propia Presidenta de la República en el ejercicio de funciones.
Ante este panorama de desigualdad, la defensa laboral solicitó formalmente la implementación urgente de un escrutinio especial diario. Esta medida judicial obligaría al síndico, Víctor Manuel Aguilera, a reportar puntualmente cada centavo gastado, evitando el uso indiscriminado u opaco del capital obtenido por la venta de las valiosas acciones ferroviarias.
El descontento social ya generó preocupantes brotes de violencia en la entidad, como el estallido ocurrido en Castaños el pasado mayo. Por ello, los trabajadores exigen que cesen las prórrogas judiciales y se priorice, con total transparencia, la supervivencia económica de las miles de familias que dependían de la siderúrgica.
