El síndico informa al Juzgado que bancos y fiduciarios mantienen bajo análisis legal su consentimiento, retrasando el proceso de subasta.
CIUDAD DE MÉXICO – El ambicioso plan para preservar el valor operativo de la empresa en concurso mercantil ha encontrado un obstáculo crítico en los despachos de sus acreedores. A pesar de la urgencia del calendario judicial, el proceso de enajenación de activos no ha logrado obtener el “visto bueno” necesario por parte de las instituciones financieras y los fideicomisos de garantía.
Una pausa obligada por la cautela financiera
En el marco del expediente 19/2023, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez notificó formalmente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles su imposibilidad de entregar, por ahora, las cartas de conformidad de los acreedores garantizados.
Lo que en el papel parecía un trámite administrativo, en la práctica se ha convertido en un complejo proceso de revisión. Según el reporte, los apoderados legales de los bancos y fiduciarios aún se encuentran en una fase de “evaluación interna”, analizando a detalle los alcances y términos legales que implica dar su aval para que sus garantías formen parte de la subasta.
El factor humano tras la decisión judicial
La jueza Ruth Haggi Huerta García, consciente de que la venta de la empresa como una “unidad productiva” es la mejor vía para proteger los empleos y la estabilidad económica vinculada a la masa concursal, ha decidido actuar con prudencia ante la falta de este consentimiento.
En lugar de aplicar sanciones por el incumplimiento del plazo de 24 horas otorgado inicialmente, la juzgadora optó por privilegiar la viabilidad del proceso. El juzgado entiende que, sin el aval de quienes poseen las garantías, cualquier intento de venta carecería de la solidez legal necesaria.
“Se privilegian los principios de economía procesal y maximización de la masa en beneficio de los acreedores”, señala la resolución, permitiendo que estas manifestaciones de voluntad se presenten incluso hasta el momento de la audiencia de subasta.
Los puntos clave del estancamiento:
- Falta de avales: El síndico no cuenta aún con las cartas de conformidad de los acreedores y fiduciarios.
- Prórroga estratégica: El Juzgado permite que el “visto bueno” llegue más tarde para no descarrilar la venta.
- El objetivo: Se busca evitar que la empresa se venda “por piezas”, lo cual destruiría su valor y afectaría a cientos de involucrados.
Este compás de espera deja en claro que, aunque el Poder Judicial tiene la voluntad de avanzar, el destino final de la unidad productiva sigue dependiendo de la firma y el consenso de quienes poseen las garantías financieras. El reloj sigue marchando, pero la última palabra la tienen los acreedores.
