CORREN A MP
Monclova amanece hoy con un claro mensaje institucional: la inmediatez y la coordinación perfecta se reservan para lo verdaderamente importante: el papeleo. Lo demás, la extorsión o el peligro público, bueno, eso puede esperar un oficio necesario.
Mientras el día se adornaba con noticias positivas como el operativo de prevención y de seguridad para todos los asistentes a la Feria de Monclova que hoy comienza, otras malas noticias empañaron el entorno de la ciudad.
Celebremos primero la “limpieza” en la Fiscalía General del Estado (FGE). Tuvieron que ser las madres de detenidos quienes, con un acto dramático de confrontación pública ante el Gobernador, detonaran la destitución inmediata de Edgar Abdel Garza Lozano. Garza Lozano, nuestro ahora ex-Ministerio Público de Homicidios y Secuestros, estaba supuestamente exigiendo hasta medio millón de pesos para “arreglar” expedientes delicados. La FGE, con la mano temblorosa, solo pudo actuar cuando la extorsión dejó de ser un secreto a voces y se convirtió en un escándalo de alto nivel. La señal es cristalina: la corrupción se tolera hasta que incomoda al poder ejecutivo.
Pero la incapacidad de actuar no se limita a la FGE. En Monclova, el peligro vehicular cotidiano es una cuestión de jurisdicción y de manos atadas. Apenas ayer, un camión de valores sufrió un incendio en el Bulevar Pape, probablemente por una falla mecánica. ¿El problema? El director de Protección Civil (PC) municipal, Pedro Alvarado, admitió abiertamente que su dependencia no tiene facultades para exigir revisiones o sancionar.
A pesar de que los camiones de valores y las pipas de gas circulan frecuentemente en la ciudad en “pésimas condiciones”, la inspección y sanción es “competencia totalmente del Estado”. El municipio se limita a enviar “oficios necesarios y correspondientes”. Así que, mientras la burocracia estatal decide si nos faculta o no, seguimos confiando en que esos tanques de hidrocarburos rodantes y unidades blindadas a punto de fallar no exploten cerca de una escuela. Las “recomendaciones” municipales son nuestro chaleco antibalas.
Pero no todo es inacción. Cuando se trata de preservar el orden vecinal y el rigor del trámite, la autoridad se vuelve una máquina perfectamente aceitada.
La cereza del pastel fue el centro de rehabilitación ‘Áncora’ fue clausurado. ¿La razón? Falta de permisos de operación y documentación pendiente. Para esto sí se desplegó un operativo coordinado que incluyó a personal de Ecología, Transporte, Vialidad y Seguridad Pública. Todas las fuerzas vivas del municipio unidas para inhabilitar un centro que llevaba apenas un mes de actividad.
El operativo fue detonado por la inconformidad de los vecinos. Y así, de un plumazo y por la presión social, el centro en La Loma fue cerrado, obligando a diez internos a regresar a sus respectivos domicilios, interrumpiendo su proceso de recuperación. El dueño, César Mario Zamudio, tuvo la osadía de admitir que sí había documentación pendiente.
