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Disputa legal en torno a AHMSA: Síndico y acreedores en pugna por activos y pagos

El proceso de quiebra de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., sigue generando tensiones legales y económicas. En la última resolución del expediente 19/2023, fechada el 25 de febrero de 2025, se tomaron decisiones clave sobre la administración de los activos y el reconocimiento de acreedores, marcando un punto crítico en la lucha por la recuperación de recursos.

El síndico de quiebra presentó un escrito en el que manifiesta que los activos involucrados en contratos previos con terceros son fundamentales para vender la empresa como una unidad económica completa. Esto, según su postura, garantizaría la obtención de recursos que permitan hacer frente a las rentas y otras obligaciones generadas después de la declaratoria de concurso mercantil. Para cumplir con ello, se comprometió a realizar un inventario dentro del plazo de 60 días, conforme lo estipula el artículo 190 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Este inventario será clave para determinar qué bienes podrían ofrecerse como garantía prendaria, un mecanismo que permitiría cubrir pagos pendientes sin necesidad de fragmentar la empresa. La propuesta busca estabilizar la situación financiera de la quebrada y, en teoría, maximizar la posibilidad de una venta exitosa. Sin embargo, la estrategia aún debe enfrentar el escrutinio de los acreedores y las decisiones del tribunal.

En paralelo, un presunto acreedor presentó una solicitud para que se le reconozca como tal dentro del proceso de quiebra. En su escrito, registrado bajo el folio 3527, solicita la declaración de preferencia de pago sobre un crédito laboral derivado de una demanda en el Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Coahuila, bajo el expediente 287/2024-1. Además, exige acceso al expediente electrónico del caso y la protección de sus datos personales.

El tribunal, tras revisar la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos emitida en noviembre de 2023, concluyó que no había lugar a conceder la solicitud del acreedor. Esto significa que, al menos por el momento, no podrá ser incluido dentro de los acreedores prioritarios en la lista administrada por el síndico.

Mientras tanto, la empresa Unifin Financiera, otro actor dentro del proceso, mantiene su pugna con el síndico por la inclusión de sus créditos dentro de la contabilidad de la quiebra. Esta disputa subraya la complejidad del caso y la dificultad para lograr acuerdos entre las múltiples partes interesadas.

El desenlace de este proceso sigue siendo incierto. Con la presión de los trabajadores, proveedores y bancos, cada resolución del tribunal es un paso más en un laberinto legal donde la esperanza de recuperar inversiones choca con la realidad de una empresa cuyo futuro sigue en vilo.

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