Ex Trabajadores de SENDA Recibirán Liquidación Tras Embargo de Autobús
Luego de embargar una unidad Irizar PB propiedad de la empresa SENDA que cubría la ruta Monterrey-Ciudad Acuña el pasado 11 de junio, dos extrabajadores de la empresa recibirán su terminación el próximo 2 de julio. El abogado Jesús Ponce recordó que se realizó el proceso de embargo de la unidad porque la empresa despidió en tiempos de pandemia a Eduardo Vidal y Alonso Rodríguez sin entregar la liquidación correspondiente.
La empresa debía a los ex empleados más de 200 mil pesos a cada uno, tomando en cuenta salarios caídos y prestaciones diversas. Derivado del embargo de la unidad, la empresa SENDA se vio obligada a ceder y llevar a cabo el acuerdo de pago que se cumplirá el martes 2 de julio, ya que fue la única forma en que pudieron recuperar la unidad embargada.
“Este procedimiento fue necesario para garantizar que mis clientes recibieran lo que por ley les corresponde. La empresa había incumplido sus obligaciones laborales, y el embargo fue la medida que llevó a la resolución del conflicto”, declaró Jesús Ponce, representante legal de Vidal y Rodríguez.
El embargo del autobús número 9571, modelo Irizar PB, se llevó a cabo mientras cubría su ruta habitual. Los pasajeros fueron desalojados en un operativo que buscaba asegurar el cumplimiento de las deudas laborales pendientes. Este incidente destacó la seriedad de las consecuencias legales que enfrentan las empresas al no cumplir con sus obligaciones hacia sus empleados.
Con la recuperación de la unidad, SENDA se ha comprometido a realizar el pago completo de las liquidaciones adeudadas. Este acuerdo no solo resuelve el caso específico de Vidal y Rodríguez, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las leyes laborales y las repercusiones de ignorar estas obligaciones.
El próximo 2 de julio marcará el cierre de un capítulo difícil para los ex trabajadores, quienes finalmente recibirán la compensación que han esperado por más de tres años. Este caso subraya la necesidad de que las empresas mantengan prácticas laborales justas y cumplan con sus responsabilidades legales para evitar sanciones y acciones legales que puedan afectar su operación y reputación.
