Intrinca abultada nómina de AHMSA el proceso de quiebra
Casi 10,000 trabajadores son reconocidos como acreedores mientras se exige transparencia en nóminas, salarios y listados de empleados activos y pasivos.
El expediente 19/2023 del concurso mercantil continúa su intrincado camino legal, marcado por una avalancha de recursos, impugnaciones y resoluciones que mantienen la incertidumbre. El pasado 29 de septiembre, el Juzgado a cargo del caso confirmó que un total de 9,861 trabajadores han sido reconocidos como acreedores laborales, una cifra que subraya la dimensión social de la quiebra empresarial.
A pesar de que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) aseguró tener la facultad de revisar los listados de empleados proporcionados por el síndico y el IMSS, advirtió que esta información es confidencial, lo que impide su divulgación. Esta postura ha sido motivo de inquietud y desconfianza, llevando a los afectados a exigir mayor claridad sobre los criterios de revisión.
Cuestionamientos a la Nómina: ¿Excesos y Empleados Fantasma?
La polémica se ha centrado en las finanzas internas de la compañía. Diversas asociaciones civiles de defensa laboral han denunciado que los trabajadores que aún están activos perciben salarios que califican de “excesivos”. Además, señalaron la aparición de nombres de ex empleados que ya no deberían formar parte de la nómina.
En respuesta a estas anomalías, han solicitado que el SAT intervenga para verificar los listados y que el síndico presente un detalle exhaustivo de las funciones de cada trabajador. Sin embargo, el tribunal ha aclarado que no existe un marco legal que obligue a establecer un tabulador especial de sueldos para empresas en quiebra, y que la gestión administrativa sigue en manos del síndico.
El Eco del Conflicto: De Coahuila al Congreso
El caso ha resonado en las más altas esferas políticas. La Comisión Especial para Revisar y Vigilar el Proceso de Quiebra en el Senado de la República reiteró su compromiso de asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y garantizar el acceso de la sociedad a información simplificada sobre cada resolución judicial.
Mientras tanto, en tribunales laborales de Coahuila, la empresa enfrenta resoluciones paralelas que la obligan a pagar prestaciones a ex empleados y a familiares de trabajadores fallecidos. Estos nuevos fallos se suman a la creciente lista de créditos laborales que deben integrarse y ordenarse dentro del complejo proceso concursal.
En un movimiento clave para generar liquidez, el síndico ha solicitado permiso para la enajenación del 50% de las acciones de una empresa filial. Esta venta es vista como una medida para obtener recursos y cumplir con los pagos prioritarios. Ahora, todas las partes tienen un plazo de diez días para pronunciarse sobre esta propuesta.
El procedimiento legal continúa, cargado de trámites, apelaciones y vistas desahogadas. La pregunta que persiste en el centro de esta prolongada crisis es la misma: ¿cuándo y de qué manera obtendrán justicia los casi diez mil trabajadores que esperan una respuesta clara a su situación?
