Podría haber responsabilidad legal en colegio por no denunciar violencia infantil
Padres de familia exigen rendición de cuentas y protección prioritaria a los menores
La Asociación Nacional de Padres de Familia advirtió que el Colegio Guadalupe Victoria de Monclova podría incurrir en responsabilidad legal si omitió reportar casos de violencia emocional o bullying. El presidente estatal, Javier Castillo, señaló que encubrir situaciones que afecten a menores representa un delito grave.
Tras las denuncias de exempleadas del plantel, quienes señalaron despidos arbitrarios y la supuesta prohibición de reportar agresiones entre alumnos, el dirigente aseguró que la escuela no puede anteponer su prestigio a la integridad de los niños. “La ley es clara: primero se protege a los menores”, dijo.
En entrevista con La Voz, Castillo explicó que si alguna autoridad escolar o religiosa impidió que los casos fueran canalizados ante instancias como la PRONNIF, podrían ser sancionadas por omisión. “No importa si es un colegio privado o religioso. El bienestar del alumno siempre debe estar por encima”, afirmó.
Recordó que toda institución educativa tiene la obligación de informar cuando detecta acoso escolar, maltrato físico o emocional. Según testimonios de docentes, hubo al menos dos situaciones que ameritaban intervención externa, pero habrían sido bloqueadas por la dirección religiosa del plantel.
Castillo recalcó que la omisión también se castiga. “Si se sabía que un niño estaba siendo maltratado o vulnerado emocionalmente, y no se actuó, se incurre en una falta que debe investigarse. Ya no es un asunto interno, es un tema de derechos de la infancia y de ley”, puntualizó.
Agregó que basta con que estas denuncias se hagan públicas para que la Secretaría de Educación actúe. “Con que se publique en prensa o redes sociales, están obligados a iniciar una revisión. No pueden ignorarlo, deben intervenir, verificar y, si es necesario, sancionar”, señaló el dirigente estatal.
También llamó a los padres del Colegio Guadalupe Victoria a organizarse. Explicó que cada escuela debe tener una sociedad de padres registrada ante la Secretaría de Educación. Esa figura tiene el poder de solicitar auditorías, proteger a los alumnos y vigilar que no se violen sus derechos.
Hasta ahora, el colegio no ha emitido ninguna postura oficial sobre lo declarado por exempleadas o padres de familia. La comunidad educativa espera una respuesta clara ante los señalamientos, mientras la exigencia principal se mantiene: proteger, ante todo, la seguridad emocional de los niños.
