Ricardo Mejía exhorta a garantizar derechos laborales en la quiebra de AHMSA
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, presentó tres proposiciones parlamentarias en la Cámara de Diputados para exigir seguimiento puntual al proceso de quiebra y liquidación de Altos Hornos de México (AHMSA), priorizando los derechos de los trabajadores coahuilenses afectados por la crisis de la acerera.
En su primera propuesta, el legislador del Partido del Trabajo (PT) exhortó al Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Economía y del Trabajo, a implementar estrategias que aprovechen la capacidad productiva de la región Centro de Coahuila y reactivar su economía, duramente golpeada por el colapso de AHMSA.
La segunda proposición llamó a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Coahuila a investigar posibles delitos cometidos por Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de AHMSA, relacionados con corrupción, malversación de fondos y el incumplimiento de obligaciones laborales hacia los 17 mil trabajadores afectados.
El tercer punto de acuerdo instó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a coordinarse con el juez del proceso de quiebra para garantizar que la liquidación de activos se realice correctamente, maximizando recursos en beneficio de los empleados y protegiendo sus derechos.
Durante su intervención, Mejía destacó que la deuda de AHMSA asciende a 3 mil 900 millones de dólares con acreedores y dependencias federales como el IMSS, CFE y SHCP. Recordó que los trabajadores de la acerera, que llevan casi dos años sin salario, han enfrentado una severa crisis económica que también afecta a toda la región Centro.
“Esta situación no solo golpea a las familias de los 17 mil empleados de AHMSA, sino que impacta directamente en el desarrollo económico de más de ocho municipios. Es urgente que se implementen acciones coordinadas para garantizar el pago de sus derechos y reactivar la economía local”, afirmó el legislador.
Mejía también subrayó que es vital que las autoridades informen a los trabajadores sobre sus derechos durante el proceso de liquidación y tomen medidas para asegurar una correcta distribución de los activos de la empresa, priorizando el bienestar de la clase trabajadora en esta etapa crítica.
La propuesta busca no solo justicia para los afectados, sino también sentar un precedente de responsabilidad corporativa y gubernamental en casos de crisis empresariales de gran magnitud.
