Sigilo judicial deja en incertidumbre a trabajadores de AHMSA y MINOSA: advierte abogado de acreedores

El 14 de mayo de 2025, el síndico del proceso concursal de AHMSA y MINOSA solicitó clasificar como confidencial la lista de trabajadores considerada como acreedores laborales. La petición fue dirigida a la jueza Ruth Haggy Huerta y entregada en sobre cerrado, sin notificación individual a los involucrados.

Para el abogado Héctor Garza, representante legal de un grupo de acreedores, esta decisión agrava el estado de indefensión en que se encuentran los trabajadores de ambas empresas. Considera que el Estado ha fallado en su obligación de garantizar condiciones mínimas para que los afectados conozcan la verdad y ejerzan su derecho a exigir el reintegro de lo que les corresponde.

Garza explicó que el Estado no se limita al Poder Judicial, sino que incluye a toda autoridad con la facultad o el deber de intervenir ante abusos. En este caso, subrayó que hay una omisión institucional preocupante al no garantizar a los trabajadores las herramientas necesarias para defender su patrimonio.

Añadió que, al tener ya en su poder los nombres de quienes fueron reconocidos como trabajadores, la autoridad judicial tiene la obligación constitucional de notificar de manera legal y auténtica a cada persona. No hay impedimento legal para ello, y mucho menos cuando están en juego derechos laborales adquiridos.

“El espíritu de la Ley de Concursos Mercantiles exige procesos transparentes y confiables”, sostuvo Garza. Dijo que esta ley fue diseñada para evitar abusos durante la enajenación de activos, y que decisiones como la reserva total de listas de acreedores laborales generan un entorno propicio para la discrecionalidad y la injusticia.

Para el abogado, la incertidumbre de no saber si se está reconocido o no como trabajador representa por sí sola una violación de derechos. “Incluso aquellos que no se han apersonado en el proceso tienen derecho a saber si fueron considerados, pues sin esa certeza no pueden defenderse de una posible omisión”.

Criticó además que la jueza haya autorizado la reserva sin aplicar un test de proporcionalidad ni ofrecer alternativas que protegieran la identidad de los trabajadores sin negarles el acceso a la información. Mencionó como ejemplo el uso de números de ficha en lugar de nombres completos.

“Lo que no puede permitirse es que el sigilo se convierta en silencio, y que ese silencio termine siendo negligente”, sentenció Garza. “No es legítimo que la protección de datos se utilice como pretexto para esconder decisiones que afectan directamente el futuro de miles de personas”.

Finalmente, insistió en que la transparencia no debe sacrificarse bajo argumentos administrativos, pues los trabajadores están en riesgo de quedar fuera de un proceso que define si recuperan o no el fruto de años de labor. “El acceso a la verdad también es justicia”, concluyó.