Urgencia médica, burocracia y lucha familiar: José Eduardo fue operado de emergencia por un coágulo cerebral
José Eduardo, el joven que fue arrollado mientras conducía su motocicleta en abril pasado, enfrentó en los últimos días el momento más crítico desde el accidente. La esperanza se sostenía apenas con hilos cuando los médicos detectaron un alarmante crecimiento en el hematoma cerebral que lo mantenía en riesgo.
El parte médico cambió el panorama de manera drástica. Aunque al inicio no se requería cirugía, fue el propio neurólogo del IMSS quien, tras una revisión reciente, determinó que el coágulo había crecido demasiado. No había más margen de espera: la intervención quirúrgica debía realizarse de inmediato para salvarle la vida.
Rosario Rocha, asesora jurídica de la familia, explicó que la movilización fue intensa y desesperada. La salud de José Eduardo se deterioraba con rapidez. A la presión emocional se sumó una batalla legal para conseguir un pase médico que permitiera su traslado a un hospital privado con capacidad para operarlo de urgencia.
La gestión fue respaldada por autoridades de la Fiscalía, incluyendo al Ministerio Público y al delegado Miguel Ángel Medina. Con su intervención se convenció al seguro GNP de emitir el pase al Hospital San José, a pesar de que legalmente no podía activarse sin la comparecencia de la presunta responsable del accidente.
La aseguradora, según explicó Rocha, sólo emite el pase médico cuando el titular de la póliza —en este caso, Yuvisela N.— se presenta y responde ante las autoridades. Ella no ha comparecido desde el accidente, y su ausencia ha sido un obstáculo constante. Aun así, el pase se consiguió por excepción humanitaria.
El traslado al Hospital San José permitió que los médicos intervinieran a tiempo. La cirugía se llevó a cabo bajo condiciones críticas, pero con la esperanza de revertir el daño neurológico. La familia de José Eduardo se mantuvo firme, apelando a todas las instancias posibles, entre manifestaciones, trámites y esperas angustiantes.
La ausencia de Yuvisela N. no solo ha entorpecido el proceso legal, sino que ha dejado a la familia en una situación emocional y económica vulnerable. El silencio de la presunta responsable se suma al dolor de los padres, quienes cada día luchan por garantizar que su hijo reciba la atención necesaria.
Rosario Rocha enfatizó que esta situación es reflejo de lo difícil que es acceder a la justicia cuando los procedimientos legales chocan con las urgencias médicas. El caso de José Eduardo no solo es una historia clínica, sino también una batalla por la dignidad, la vida y el derecho a ser atendido.
