La empresa cuestiona reglas del síndico y alerta que acreedores podrían “secuestrar” el proceso, afectando pagos a trabajadores
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CDMX.-En medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Altos Hornos de México, la propia empresa ha levantado la voz dentro del proceso judicial para exigir reglas claras, equitativas y sin privilegios en la inminente venta de sus activos, una etapa clave que podría definir el destino de miles de trabajadores.
A través de un documento entregado ante el juzgado, GABRIEL IVÁN SARABIA ZÚÑIGA, en representación de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., expuso los señalamientos y preocupaciones de la empresa dentro del procedimiento concursal, dejando en claro que, aunque existe disposición para avanzar en la venta, también hay inquietudes profundas sobre la forma en que se pretende ejecutar el proceso.
“Mi representada está muy interesada en que este proceso termine… es necesario que se le dé una celeridad completa… para efecto de que éste ya se termine y se pague a los trabajadores”, señala el documento, reflejando la urgencia que existe al interior de la empresa por cerrar un ciclo que se ha prolongado durante años.
Uno de los puntos más controvertidos gira en torno al esquema propuesto para la subasta, donde se plantea un valor mínimo de referencia del 85% de los activos, pero al mismo tiempo se permitirían ofertas por debajo de ese umbral. Para AHMSA, esta dualidad no solo es contradictoria, sino peligrosa.
“No es jurídicamente válido fijar un umbral mínimo… y simultáneamente permitir su transgresión sin fundamento normativo”, advierte la empresa, al considerar que esto rompe la certeza jurídica y abre la puerta a decisiones discrecionales que podrían perjudicar a la masa de acreedores.
La preocupación no se queda ahí. El documento también acusa que permitir condiciones diferenciadas entre postores generaría una competencia desigual, donde algunos podrían participar con ventajas económicas frente a otros.
“Se genera un escenario de desigualdad… al establecer condiciones asimétricas que distorsionan la libre concurrencia”, se expone, dejando ver que el temor principal es que la subasta pierda su esencia de ser un proceso transparente y competitivo.
Pero uno de los señalamientos más fuertes se dirige a la posibilidad de que acreedores con garantía real influyan o incluso condicionen la venta de los activos. Para AHMSA, esto no solo es ilegal, sino que pone en riesgo todo el procedimiento.
“Aceptar lo contrario equivaldría a reconocer a los acreedores privilegiados un poder de veto que no les concede la ley”, sostiene el escrito, en un mensaje directo que evidencia la tensión entre los distintos actores involucrados en el concurso mercantil.
Incluso, la empresa advierte que el proceso podría quedar atrapado por intereses particulares, frenando la venta y, con ello, el pago a quienes más lo necesitan: los trabajadores.
“La subasta… se encuentra secuestrada por intereses particulares de unos cuantos acreedores”, señala de manera contundente, en una de las frases más duras del documento.
Otro punto crítico es la intención de permitir que algunos acreedores participen como “postores calificados”, utilizando sus propios créditos como forma de pago. Para AHMSA, esto representaría una ventaja injusta frente a otros inversionistas.
“Permitir que un acreedor garantizado ‘compense’ su postura con su propio crédito equivaldría otorgarle una ventaja indebida”, afirma, subrayando que todas las ofertas deberían realizarse en efectivo para garantizar equidad.
En el fondo, el mensaje de la empresa es claro: la prioridad debe ser un proceso limpio, donde se maximice el valor de los activos y se respeten los principios de igualdad, legalidad y transparencia.
Además, se insiste en que el objetivo final no debe perderse de vista: cubrir primero los adeudos laborales y garantizar justicia para quienes han sostenido a la empresa durante años.
“El producto de la enajenación debe integrarse a la masa concursal… y de manera preferente deben cubrirse los créditos laborales”, recalca el documento, poniendo en el centro a los trabajadores.
Hoy, más allá de los tecnicismos legales, lo que está en juego es el futuro de una de las empresas más emblemáticas de la región y el sustento de miles de familias que siguen esperando una resolución justa, clara y, sobre todo, pronta.
