Víctor Manuel Aguilera defendió la legalidad del avalúo y del procedimiento de enajenación, asegurando que la venta busca maximizar recursos para cubrir créditos laborales y evitar mayores retrasos en la quiebra de la siderúrgica.
El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) entró en una nueva etapa luego de que el síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez, solicitó a la jueza concursal desestimar todas las objeciones presentadas por diversos acreedores contra la propuesta de venta de activos de la empresa. El planteamiento busca agilizar la enajenación y avanzar hacia la recuperación de recursos para los acreedores.
En un escrito presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, el síndico respondió de manera detallada a los cuestionamientos realizados por instituciones financieras, organismos públicos, sindicatos y empresas acreedoras. Argumentó que tanto el avalúo realizado como el procedimiento especial de venta cumplen plenamente con las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles.
Aguilera Gómez destacó que el avalúo fue elaborado por una firma especializada con experiencia internacional en valuación industrial, utilizando metodologías reconocidas a nivel mundial. Explicó que se aplicaron los enfoques de costos, mercado e ingresos para determinar el valor de las unidades de negocio de AHMSA, privilegiando este último por reflejar de mejor manera el potencial económico futuro de la empresa.
El síndico sostuvo que gran parte de las objeciones no controvierten técnicamente el contenido del avalúo ni la legalidad del procedimiento, sino que consisten en interpretaciones parciales o solicitudes de aclaración ya respondidas. Añadió que prolongar la discusión solo retrasa la posibilidad de concretar una venta que permita obtener recursos para cubrir adeudos pendientes.
Uno de los argumentos más contundentes presentados por el síndico fue que varios de los acreedores inconformes carecen de legitimación legal para bloquear la operación. Señaló que la legislación establece requisitos específicos para oponerse a una enajenación dentro de un concurso mercantil y que quienes han presentado objeciones no alcanzan los porcentajes mínimos exigidos por la ley para que su desacuerdo produzca efectos jurídicos.
Respecto a los cuestionamientos formulados por AHMSA sobre el porcentaje de venta y las condiciones planteadas, Aguilera explicó que el valor de referencia equivalente al 85 por ciento del avalúo constituye un punto inicial para recibir ofertas razonables. Precisó que cualquier propuesta inferior quedaría sujeta al análisis y autorización de la jueza encargada del procedimiento concursal.
En relación con las preocupaciones expresadas por organizaciones sindicales, el síndico reconoció la gravedad de la crisis social y económica que enfrentan miles de trabajadores y sus familias tras años de incertidumbre. Aseguró que precisamente por esa situación se impulsa una venta rápida y eficaz de los activos, con el propósito de evitar que continúe deteriorándose el valor de la masa concursal.
El documento enfatiza que los créditos laborales mantienen prioridad absoluta en el orden de pago establecido por la Constitución y la legislación concursal. De acuerdo con el síndico, los recursos que se obtengan de la venta deberán destinarse primero al cumplimiento de las obligaciones laborales reconocidas, antes de atender otras categorías de acreedores conforme a la prelación legal vigente.
Asimismo, Aguilera manifestó que la eventual venta de las unidades productivas no solo busca generar recursos para liquidar adeudos, sino también abrir la posibilidad de una reactivación industrial que permita preservar empleos y contribuir a la recuperación económica de la Región Centro de Coahuila. Sin embargo, recordó que la decisión final corresponde exclusivamente a la jueza del concurso mercantil.
Tras responder los señalamientos de acreedores como Pemex, IMSS, Tubacero, Unifin, Caterpillar Crédito y diversas afianzadoras, el síndico concluyó solicitando formalmente que se desechen todas las objeciones presentadas y se confirme la legalidad del procedimiento especial de venta. Argumentó que ello permitirá avanzar en beneficio de la masa concursal, de los trabajadores y de todos los acreedores involucrados en uno de los procesos de quiebra más importantes del país.
