Fiscales federales señalan al gobernador de Sinaloa como protector del crimen organizado
La justicia de Estados Unidos formalizó una acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El documento judicial sostiene que el mandatario estatal formaba parte de una red de protección institucional que facilitaba las operaciones delictivas en la región a cambio de beneficios económicos y políticos.
De acuerdo con el acta de imputación, el gobernador no actuaba solo, ya que otros nueve funcionarios y exfuncionarios están involucrados en esta estructura de corrupción. Las investigaciones indican que el grupo recibía sobornos en efectivo para frenar investigaciones estatales y filtrar información privilegiada que permitía a los líderes del grupo criminal evadir capturas.
La fiscalía estadounidense afirma que la relación entre el gobierno estatal y el narcotráfico influyó directamente en los procesos democráticos de la entidad. Se señala que el cártel habría financiado campañas electorales y utilizado su capacidad de movilización para asegurar el triunfo del partido oficialista, consolidando así un control territorial absoluto bajo el amparo del poder público.
Este golpe judicial ocurre en un momento de alta tensión diplomática entre México y el gobierno de Donald Trump, quien ha presionado para obtener resultados concretos contra el tráfico de drogas. La imputación coloca en una posición difícil a la administración de Claudia Sheinbaum, que hasta ahora ha mantenido una postura de respaldo hacia el gobernador sinaloense.
A pesar de que Rubén Rocha Moya ha negado públicamente cualquier nexo con la delincuencia organizada, las pruebas presentadas por los fiscales detallan rutas logísticas y apoyo operativo para el traslado de sustancias ilícitas hacia el norte. El caso marca un precedente crítico en la relación bilateral y en la política interna de seguridad mexicana.
