La estrategia legal de Emilio Lozoya mantiene paralizado el proceso penal y la exigencia de pagos pendientes
La batalla legal por la compra de la planta Agronitrogenados se encuentra en un punto muerto debido a dos recursos de apelación presentados por Emilio Lozoya Austin. Estos trámites, derivados de un juicio de amparo promovido por el exdirector de Pemex, impiden que las autoridades judiciales avancen en el proceso contra Alonso Ancira.
Aunque los tribunales han resuelto ya los medios de defensa principales, todavía faltan dos apelaciones por dictaminar. Según la Fiscalía General de la República, el procedimiento penal no puede reactivarse hasta que los jueces federales emitan una resolución definitiva sobre estos recursos. La interconectividad entre los imputados obliga a esperar este desenlace.
Mientras estos recursos sigan en trámite, el caso contra Alonso Ancira está congelado. Esto significa que la Fiscalía no tiene facultades para realizar nuevas actuaciones judiciales, incluida la emisión de una orden de aprehensión, pese a que el empresario dejó de cumplir con los pagos pactados en el acuerdo reparatorio firmado en 2021.
El convenio original establecía una devolución de 216 millones de dólares por el daño causado al patrimonio nacional. A la fecha, el expediente muestra que el exdueño de Altos Hornos de México cubrió 104 millones, pero incumplió con el pago final de 112 millones de dólares que venció desde noviembre de 2023.
La Fiscalía busca reactivar el expediente para recuperar el dinero restante y sancionar las irregularidades. Sin embargo, todo depende de los tiempos del Poder Judicial. Solo cuando se resuelvan las apelaciones, las autoridades podrán definir si es legal emitir una nueva orden de captura y continuar con el proceso judicial pendiente.
