El rechazo al aumento salarial del 2.9% exhibe el hartazgo de los trabajadores; mientras tanto, en AHMSA, la subasta que prometía una salida terminó convertida en otro capítulo de incertidumbre para los obreros.
Lo que ocurrió con la votación del incremento salarial del IMSS no fue un simple desacuerdo con una cifra. Fue un mensaje directo, contundente y difícil de maquillar para la dirigencia sindical que encabeza Rafael Olivos. La base trabajadora habló en las urnas y, por lo visto, no necesitó micrófono, discurso ni pancarta para dejar claro que está cansada de recibir respuestas que no corresponden a sus necesidades.
La propuesta de aumentar apenas un 2.9% directo al tabulador recibió un rechazo abrumador en los resultados reportados. Mientras el NO se convirtió en tendencia, los votos a favor quedaron reducidos a cifras considerablemente menores. Al parecer, a quienes negociaron el incremento se les olvidó un pequeño detalle: los trabajadores también saben sacar cuentas y distinguir entre una propuesta que los beneficia y otra que consideran insuficiente.
En Monclova, los números hablaron por sí solos. En la unidad 04 de la HGZ/UM 7, un total de 552 trabajadores votó por el NO, frente a solamente 36 que respaldaron el SÍ. En la unidad 05 de la misma institución, el rechazo fue todavía mayor en números absolutos: 605 votos en contra y apenas 29 a favor. Difícil encontrar una señal más clara de inconformidad entre quienes sostienen diariamente la operación del Seguro Social.
Pero sería demasiado cómodo reducir todo este conflicto a un porcentaje salarial. Desde el viernes pasado, las manifestaciones de trabajadores del IMSS en distintas partes del país pusieron sobre la mesa otros reclamos: falta de materiales, escasez de insumos médicos y condiciones laborales que, según denuncian los propios empleados, dificultan brindar una atención digna y de calidad a los derechohabientes. Es decir, no solamente están inconformes con lo que reciben, sino también con lo que les exigen hacer.
Y aquí es donde los discursos oficiales comienzan a quedarse sin oxígeno. Durante el sexenio pasado se habló de convertir el sistema de salud mexicano en uno comparable con el de Dinamarca. Una promesa que sonaba bastante bien desde el templete, pero que hoy choca con las denuncias del personal que trabaja en las unidades médicas. Porque una cosa es presumir un modelo de salud y otra muy distinta es garantizar que haya lo indispensable para atender a un paciente.
El problema es que las autoridades parecen confiar demasiado en los anuncios y muy poco en lo que sucede dentro de los hospitales. ¿De qué sirve presumir avances si el personal denuncia que faltan materiales básicos? ¿Cómo se puede hablar de atención de calidad cuando los trabajadores aseguran que deben enfrentar carencias para cumplir con sus funciones? Y sí, entre las quejas también aparece la falta de artículos tan elementales como el papel higiénico. Parece una broma, pero para quienes viven esa realidad laboral, el asunto tiene muy poca gracia.
En medio de este panorama, la dirigencia sindical tiene mucho que explicar. El rechazo al incremento del 2.9% refleja una inconformidad que rebasa la discusión económica y alcanza la confianza en quienes dicen representar a los trabajadores. Cuando una propuesta recibe semejante respuesta, lo mínimo que debería hacer una organización sindical es revisar qué negoció, cómo lo negoció y por qué sus representados consideran que ese resultado no responde a sus expectativas.
La base trabajadora parece haber enviado un mensaje a Rafael Olivos y a su dirigencia: representar no significa simplemente sentarse a negociar y después pedir que todos aplaudan el resultado. Un sindicato tiene la obligación de defender los intereses de sus agremiados, escuchar sus demandas y rendir cuentas. Si los trabajadores sienten que sus reclamos no encuentran respuesta, tarde o temprano llega el momento de cobrar facturas, aunque sea con una papeleta marcada con un rotundo NO.
Y mientras los empleados protestan por salarios, condiciones laborales e insumos, queda flotando una pregunta que merece una respuesta seria: ¿qué está pasando con los recursos que ingresan al IMSS mediante las cuotas obrero-patronales? No se trata de afirmar, sin pruebas, que ese dinero haya desaparecido, sino de exigir transparencia sobre su administración y sobre los recursos disponibles para sostener los servicios médicos.
Porque cuando un patrón incumple con sus obligaciones, el Instituto cuenta con mecanismos de cobro que pueden llegar a afectar sus cuentas bancarias. La exigencia de pago es inmediata cuando se trata de recuperar adeudos; por eso, también es razonable exigir explicaciones sobre la aplicación de los recursos y los motivos por los que persisten las carencias denunciadas por el personal. La obligación de pagar cuotas no puede ir acompañada de la obligación de los derechohabientes de conformarse con un servicio deficiente.
Al final, el resultado de esta votación deja una advertencia para la dirigencia sindical: la representación no se conserva por decreto ni por costumbre. Se gana con resultados, y cuando esos resultados no convencen a la base, ni los discursos más ensayados alcanzan para cambiar el sentido de una votación.
AHMSA: UNA FARSA LLAMADA SUBASTA
Y de un conflicto que exhibe el hartazgo de los trabajadores pasamos a otro que lleva años poniendo a prueba su paciencia: AHMSA. Lo que debía ser un procedimiento para encontrar una salida a la quiebra de la acerera terminó convertido en una sucesión de anuncios, plazos, ofertas y decisiones que han mantenido a miles de familias atrapadas en la incertidumbre. Si alguien quisiera escribir el guion de una película sobre cómo prolongar una angustia, material no le faltaría.
La oferta de 1,400 millones de dólares atribuida a José Arturo Domínguez, conocido por algunos trabajadores y ciudadanos de Monclova como “Camerino”, parecía abrir una puerta para la recuperación de la empresa. Sin embargo, el dato que sacudió el procedimiento fue el reporte de que el empresario solamente había acreditado cinco mil pesos, frente a la garantía de seriedad que debía cubrir para respaldar su propuesta. Cinco mil pesos frente a una operación de semejante magnitud: una diferencia que no necesita demasiados comentarios para entender por qué generó indignación y cuestionamientos.
Y aquí viene la parte que deja muchas preguntas sin responder. Mientras los grupos obreros, entre ellos el encabezado por Julián Torres y el Sindicato Democrático, habían solicitado que no se concedieran más prórrogas, los trabajadores de la resistencia en la Puerta Tres, encabezados por Ervey Valenzuela, también habían expresado su rechazo a prolongar el procedimiento. Las advertencias estaban sobre la mesa y el cansancio de los obreros era más que evidente.
Pero la jueza Ruth Haggi Huerta García autorizó una prórroga de 90 días naturales para que Cargill y Afirme presenten el consorcio relacionado con la eventual compra de AHMSA. Una decisión que vuelve a colocar a los trabajadores frente a la misma pregunta de siempre: ¿cuánto tiempo más deben esperar para conocer el destino de la empresa y, sobre todo, el de sus derechos laborales?
La determinación judicial puede tener fundamentos dentro del procedimiento concursal, pero eso no elimina la obligación de explicar por qué se concede más tiempo ni las consecuencias que esa decisión representa para quienes llevan años esperando el pago de sus salarios, prestaciones e indemnizaciones. Para los obreros, cada prórroga no es un simple movimiento de calendario: es otro periodo de incertidumbre en una crisis que ya les arrebató demasiado.
Porque mientras los involucrados discuten garantías, consorcios y condiciones para concretar una operación, las familias de los trabajadores siguen enfrentando las consecuencias de una empresa paralizada. Las cuentas no esperan, los alimentos no se compran con promesas y las deudas no aceptan como moneda de cambio una nueva fecha en el calendario judicial.
Lo más preocupante es que los obreros terminan convertidos en espectadores de decisiones que afectan directamente su futuro. Se les dice que ocupan un lugar preferente en la lista de prelación, pero esa posición jurídica no significa que el dinero esté disponible ni garantiza que cobrarán de inmediato. Una cosa es el derecho reconocido y otra muy distinta es que existan recursos suficientes para hacerlo efectivo.
Y vaya que la diferencia importa. Después de años de lucha, los trabajadores no necesitan otra ronda de expectativas ni discursos sobre compradores interesados. Necesitan que las propuestas se respalden con dinero, que los procedimientos avancen conforme a la ley y que las decisiones se traduzcan en resultados verificables. Porque, hasta ahora, la paciencia obrera parece ser el único recurso al que algunos le encuentran disponibilidad ilimitada.
Si la subasta debía representar una salida, entonces las autoridades y los participantes tienen que demostrarlo con hechos. De lo contrario, la palabra subasta terminará asociada no con una solución, sino con una larga cadena de promesas incumplidas, plazos extendidos y trabajadores obligados a esperar mientras otros deciden.
Y mientras tanto, en Monclova, la pregunta sigue vigente: ¿quién responde por los años perdidos, por el patrimonio detenido y por las familias que continúan pagando las consecuencias de una crisis que no provocaron? Porque si algo ha quedado claro, es que para los obreros de AHMSA el tiempo no es un trámite judicial: es comida, vivienda, salud y dignidad.
