El órgano fiscalizador detectó graves irregularidades en contrataciones millonarias, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum exige erradicar toda opacidad institucional.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alarmas institucionales al iniciar una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral. El organismo fiscalizador rastrea presuntas “redes de colusión, conflictos de interés y triangulación de recursos públicos” que salpican a funcionarios del instituto y a empresas proveedoras favorecidas. según trascendió en medios nacionales.
El escándalo estalló tras destaparse el caso de Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE. El exfuncionario firmó como representante legal de Corporativo Zeg para adjudicarse un contrato de casi 200 millones de pesos en materiales electorales, cargo al que renunció tras denuncias por abuso de funciones.
A las irregularidades se suma el caso de Jonathan Navarrete Torres, quien ostentaba un poder notarial de la misma compañía privada mientras cobraba un sueldo público de 45 mil pesos como chofer. Además, se reportaron asignaciones millonarias para personal de apoyo logístico y servicios personales asignados a la presidencia.
Ante los hallazgos, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la intervención fiscalizadora y fue contundente al declarar que “no debe tolerarse ninguna sombra de corrupción” dentro de los órganos electorales. La mandataria enfatizó que la ciudadanía debe proteger las instituciones democráticas sin defender privilegios ni intereses de grupos particulares.
Por su parte, la consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó favoritismos en las licitaciones públicas del organismo. Aunque solicitó la presencia de la auditoría para revisar las compras, la funcionaria evitó responder cuestionamientos sobre sus presuntos nexos directos con contratistas beneficiados durante las recientes adjudicaciones del instituto.
