La siderúrgica cuestiona ante el juzgado la falta de una propuesta concreta para adquirir la unidad productiva y advierte que la espera puede incrementar los costos de conservación y administración. La jueza admitió el recurso el 22 de octubre, pero todavía no resuelve si procede.
Altos Hornos de México (AHMSA) presentó un recurso de revocación contra el acuerdo judicial del 14 de octubre de 2026, mediante el cual se concedió a Banca Afirme, Almacenadora Afirme y Cargill un plazo máximo de 90 días naturales para explorar la conformación de un consorcio interesado en adquirir la unidad productiva de la siderúrgica y buscar una alternativa para concretar su venta.
La impugnación ya fue admitida por la jueza del concurso mercantil, quien el pasado 22 de octubre ordenó dar vista a las partes para que, dentro del plazo de tres días legalmente establecido, manifiesten lo que consideren pertinente. Esto significa que el recurso será analizado, aunque por ahora la autorización de los 90 días continúa vigente y no existe una resolución definitiva sobre los argumentos de AHMSA.
El movimiento jurídico abre un nuevo frente en el prolongado proceso de quiebra de la acerera, donde cada decisión relacionada con la venta de los activos tiene consecuencias económicas y laborales. Mientras los acreedores buscan una posible salida mediante un consorcio, la empresa cuestiona que se conceda más tiempo sin contar con una propuesta concreta que garantice avances reales hacia la adquisición.
UNA PRÓRROGA QUE ABRIÓ OTRO FRENTE JUDICIAL
Para entender el origen del conflicto es necesario regresar a la audiencia de subasta celebrada el 25 de septiembre de 2026. Después de ese procedimiento, ninguno de los postores calificados exhibió íntegramente la garantía de seriedad dentro del plazo concedido, situación que complicó la posibilidad de concretar la operación mediante el mecanismo de venta que se encontraba en marcha.
Ante ese escenario, el juzgado abrió paso a la alternativa planteada por los acreedores garantizados: permitir que Banca Afirme, Almacenadora Afirme y Cargill exploraran la conformación de un consorcio capaz de presentar una opción de compra. La autorización quedó establecida en el acuerdo del 14 de octubre, con un plazo máximo de 90 días naturales para desarrollar las negociaciones correspondientes.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental que no debe perderse de vista: autorizar un periodo de negociación no significa que AHMSA ya tenga comprador. El acuerdo judicial no representa, por sí mismo, una compraventa, una oferta vinculante ni una adjudicación de los activos. Por ahora, se trata de una posibilidad que deberá traducirse en resultados concretos para avanzar hacia una eventual adquisición.
Las tres entidades deberán informar sobre sus avances cada quince días, mientras que el plazo autorizado concluye el 14 de enero de 2027. La obligación de presentar reportes permitirá conocer el desarrollo de las conversaciones, aunque el verdadero desafío será demostrar que existe una propuesta viable y no solamente la intención de continuar explorando alternativas para adquirir la unidad productiva.
AHMSA CUESTIONA LA FALTA DE UNA PROPUESTA CONCRETA
En el recurso de revocación, la representación de AHMSA cuestiona que se haya concedido un periodo de 90 días sin que exista una propuesta concreta que justifique esa espera. Entre sus argumentos se encuentra la falta de elementos suficientes para acreditar la necesidad del plazo, así como las consecuencias económicas que puede generar prolongar el proceso de venta de los activos.
La siderúrgica también advierte sobre los costos de conservación y administración que continúan acumulándose mientras se busca una salida para la unidad productiva. A ello se suman los posibles riesgos de pérdida de valor de los bienes, un factor relevante en un procedimiento concursal donde el objetivo es obtener recursos para atender las obligaciones reconocidas dentro del proceso de quiebra.
Otro de los puntos planteados por AHMSA se relaciona con el mecanismo de conformación del consorcio previsto en las bases del procedimiento. La empresa sostiene que ese esquema no corresponde a las circunstancias que finalmente se presentaron, por lo que cuestiona que se utilice como fundamento para abrir una nueva etapa de negociaciones después de que la subasta no avanzara conforme a lo esperado.
Estos señalamientos forman parte de los argumentos que deberá examinar el juzgado y todavía no constituyen una determinación judicial. La admisión del recurso únicamente permite que la impugnación siga su curso y que las partes expresen lo que a su derecho convenga. Será la jueza quien deberá resolver si existen fundamentos para modificar o dejar sin efectos el acuerdo impugnado.
EL RELOJ SIGUE CORRIENDO PARA AHMSA Y SUS ACREEDORES
Más allá de la discusión jurídica, el fondo del asunto plantea una pregunta difícil de ignorar: ¿cuánto tiempo más puede prolongarse la búsqueda de un comprador sin que exista certeza sobre el destino de la siderúrgica? Para los trabajadores que esperan el pago de sus adeudos, los proveedores que reclaman recursos y las familias afectadas por el cierre, cada nueva etapa representa incertidumbre.
Noventa días pueden parecer un periodo razonable desde un escritorio, especialmente cuando se trata de integrar un consorcio y revisar las condiciones de una operación de esta magnitud. Sin embargo, para quienes dependen de recuperar su dinero o mantener a flote sus negocios, la espera tiene un costo cotidiano. Las obligaciones económicas no desaparecen porque un procedimiento judicial necesite más tiempo para encontrar una salida.
El cuestionamiento de AHMSA pone sobre la mesa la necesidad de que las negociaciones tengan objetivos verificables y avances concretos. No basta con abrir otra ventana de tiempo si al final no se presenta una alternativa financieramente viable. La expectativa de una posible compra puede mantener viva la esperanza, pero no sustituye las garantías de que la operación realmente pueda realizarse.
LA PRÓRROGA NO OBLIGA A DETENER LAS DEMÁS ACTUACIONES
Un aspecto importante del acuerdo del 14 de octubre es que las negociaciones para integrar el consorcio no paralizan las actuaciones judiciales que legalmente puedan continuar. Además, Banca Afirme, Almacenadora Afirme y Cargill no adquieren, por esa sola autorización, un derecho preferente de compra sobre la unidad productiva de AHMSA.
Esta precisión resulta fundamental porque el plazo concedido no debe interpretarse como una suspensión general del procedimiento ni como una garantía de que los acreedores involucrados terminarán convirtiéndose en compradores. Las actuaciones que procedan conforme a derecho pueden continuar, mientras las entidades autorizadas desarrollan sus conversaciones y cumplen con la obligación de informar periódicamente sobre los avances.
Por ahora, el escenario permanece abierto. AHMSA consiguió que su inconformidad fuera admitida para estudio, pero todavía deberá esperar la resolución judicial sobre el fondo del recurso. Mientras tanto, el plazo otorgado a los acreedores sigue corriendo y el 14 de enero de 2027 permanece como fecha límite para concluir esta etapa de exploración del posible consorcio.
La discusión no se reduce a una diferencia de criterios entre la empresa y sus acreedores. Está en juego la manera en que se conduce un proceso del que dependen la venta de los activos, la recuperación de los créditos y las expectativas de quienes llevan años esperando una solución. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿habrá una propuesta real de compra o terminará este nuevo plazo convertido en otra espera sin resultados?
