La empresa interpuso un recurso de revocación contra el procedimiento especial de venta aprobado por la jueza del concurso, al considerar que otorga facultades extraordinarias a ciertos acreedores y pone en riesgo la igualdad dentro del proceso de quiebra.
La batalla jurídica por el futuro de los activos de Altos Hornos de México sumó un nuevo capítulo. La empresa presentó un recurso de revocación para intentar frenar el procedimiento especial de venta autorizado dentro de su proceso de quiebra, argumentando que las reglas aprobadas alteran el equilibrio legal entre acreedores y podrían afectar el objetivo central del concurso mercantil.
A través de un escrito promovido por su representante legal, Gabriel Iván Sarabia Zúñiga, AHMSA solicitó que se revoque el acuerdo emitido el pasado 3 de junio de 2026, mediante el cual se autorizó el mecanismo propuesto por el síndico para la realización de los bienes que integran la masa concursal.
La acerera sostiene que el procedimiento aprobado rebasa los límites establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles al otorgar a determinados acreedores garantizados facultades que, a su juicio, corresponden exclusivamente al síndico y a la autoridad judicial encargada de conducir la quiebra.
Entre los principales señalamientos, la empresa asegura que algunos acreedores estarían adquiriendo capacidad para autorizar, condicionar o incluso impedir operaciones de venta de activos, situación que considera contraria al principio de legalidad que debe regir los procedimientos concursales.
Según la argumentación presentada, la ley permite establecer mecanismos especiales para facilitar la venta de bienes, pero no autoriza modificar la estructura de facultades dentro del concurso mercantil ni crear nuevas atribuciones para grupos específicos de acreedores.
La compañía advierte que aceptar ese esquema equivaldría a convertir a ciertos acreedores en actores con poder decisorio dentro de la quiebra, desplazando atribuciones que la legislación reserva expresamente al síndico, al juez del concurso y, en algunos casos, a los órganos colectivos de acreedores.
Otro de los puntos controvertidos se relaciona con la posibilidad de que acreedores garantizados participen de manera preferente en los procesos de adquisición de activos. AHMSA sostiene que ello genera ventajas procesales que no están contempladas en la legislación mexicana y que colocan a otros acreedores en una posición de desventaja.
La empresa también cuestiona la incorporación de mecanismos similares al denominado “credit bid”, figura utilizada en algunos sistemas concursales extranjeros mediante la cual los acreedores pueden utilizar el valor de sus créditos como parte del pago para adquirir activos en venta.
De acuerdo con el recurso, la Ley de Concursos Mercantiles no contempla expresamente esta figura, por lo que su aplicación dentro del procedimiento de quiebra carecería de sustento legal suficiente y requeriría una regulación específica aprobada por el Poder Legislativo.
AHMSA argumenta además que el esquema aprobado podría afectar la universalidad del concurso mercantil, ya que permitiría que intereses particulares prevalezcan sobre el interés colectivo de la masa concursal, cuyo objetivo principal es maximizar el valor de los activos para beneficio de todos los acreedores reconocidos.
La empresa insiste en que los acreedores garantizados cuentan con derechos de preferencia económica para el cobro de sus créditos, pero no con facultades para intervenir en decisiones relacionadas con la conducción, autorización o ejecución de las ventas de bienes que forman parte de la masa.
Otro de los agravios planteados se refiere al establecimiento de parámetros diferenciados para las posturas en eventuales remates. Según la impugnación, permitir ofertas sujetas a distintos porcentajes de referencia genera condiciones desiguales entre los posibles participantes y distorsiona la competencia en los procesos de venta.
En el documento también se señala que la resolución aprobada carece de una fundamentación suficiente para justificar por qué determinados acreedores reciben atribuciones que, según la empresa, no aparecen reconocidas de manera expresa en la legislación concursal mexicana.
La acerera sostiene que el procedimiento de quiebra debe desarrollarse bajo principios de igualdad, seguridad jurídica y transparencia, evitando la creación de categorías privilegiadas que puedan influir de manera determinante en la realización de los activos o en la definición de las condiciones de venta.
Con la presentación de este recurso de revocación, AHMSA abre un nuevo frente legal dentro del concurso mercantil más relevante de la industria siderúrgica mexicana. La decisión que adopte la jueza respecto a esta impugnación podría tener repercusiones directas en la forma en que serán subastados los bienes de la compañía y en el rumbo que seguirá el proceso de recuperación para miles de acreedores, trabajadores y proveedores que permanecen atentos al desenlace de la quiebra.
