El exresponsable de la seguridad y el exencargado de las finanzas estatales enfrentan a la justicia internacional, marcando el inicio de un proceso que debilita la estructura política sinaloense.
El entorno del gobernador Rubén Rocha Moya sufrió un impacto directo tras confirmarse la retención de dos excolaboradores de su gabinete. Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, piezas fundamentales en seguridad y finanzas, se encuentran bajo resguardo judicial en el extranjero por presunta cooperación con el narcotráfico.
El general en retiro Mérida Sánchez, quien encabezó la seguridad pública estatal, permanece detenido en Nueva York. Reportes judiciales indican que su arresto ocurrió mediante un acuerdo voluntario, enfrentando acusaciones de haber recibido pagos millonarios para encubrir operaciones delictivas y alertar sobre despliegues policiales.
En paralelo, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, fue ubicado y aprehendido en territorio europeo. Trascendió que el exfuncionario estatal ya formalizó un esquema de colaboración para ser trasladado a la Unión Americana, donde responderá por cargos vinculados a conspiración y lavado.
Las capturas derivan de un expediente penal que involucra a una decena de servidores públicos de la entidad. La indagatoria detalla una red de protección institucional orientada a facilitar el tráfico de sustancias ilícitas y armamento, afectando severamente la credibilidad de la administración pública local.
Mientras tanto, el gobierno central en México analiza con reserva los requerimientos de extradición presentados. Las autoridades locales señalaron inconsistencias técnicas y falta de solidez en los expedientes entregados, en medio de un escenario de alta incertidumbre política para el estado de Sinaloa.
