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Julian Torres exige a jueza fijar fecha de subasta para evitar estallido social

El representante de los exobreros de AHMSA advierte que la paciencia se agotó tras el violento desalojo en la carretera 57

Julián Torres Ávalos, presidente de la asociación Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores AHMSA, presentó un escrito formal ante la jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García. En el documento, el representante solicita directamente a la autoridad judicial su intervención urgente para fijar la fecha y hora de la segunda subasta de la empresa. La petición busca liberar los recursos necesarios para pagar los finiquitos de más de 9 mil afectados.

El dirigente obrero advirtió a la jueza que la resolución del caso es indispensable para evitar un estallido social de consecuencias catastróficas en la región. Torres Ávalos expuso que las familias de los exobreros se encuentran en una situación económica desesperada. Por esta razón, el escrito presiona a la responsable del concurso mercantil para que actúe de manera inmediata y definitiva antes de que la violencia escale.

El documento detalla de manera directa los hechos ocurridos el pasado lunes 11 de mayo en Castaños, Coahuila. En esa fecha, cerca de 200 extrabajadores bloquearon la carretera federal 57 en ambos sentidos debido al cansancio y hartazgo por la falta de pagos. El bloqueo carretero duró aproximadamente dos horas y terminó con un desalojo violento por parte de las fuerzas de seguridad pública.

La agresión de las policías municipal y estatal, junto con la Guardia Nacional, dejó como saldo varios manifestantes heridos. El reporte entregado a la jueza menciona que algunos compañeros sufrieron fracturas en las costillas y heridas graves en la cabeza. Con este antecedente, Torres Ávalos fundamenta la urgencia de su petición para que no se repitan estos niveles de confrontación en el estado.

Finalmente, el escrito recuerda al tribunal que los trabajadores cumplieron su ciclo laboral desde mayo de 2021 y suman cinco años sin cobrar sus liquidaciones. La organización civil reiteró que la única vía legal para solucionar el conflicto y asegurar la paz social es agilizar el proceso de venta de la empresa Altos Hornos de México.

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