Tras el desalojo violento en la carretera 57, obreros de la región centro advierten que su lucha por justicia apenas comienza.
El desalojo violento ocurrido en la carretera federal 57 dejó una herida abierta en el ánimo de los obreros que mantienen su resistencia. Julián Torres, presidente del grupo de autodefensa obrera, manifestó que el sentimiento general entre sus compañeros es de profunda rabia y frustración.
A pesar de la intervención policial, los obreros aseguran con firmeza que no se van a doblegar ante la adversidad. Para el liderazgo del movimiento, el origen de este conflicto tiene un nombre propio: Alonso Ancira, a quien señalan como el principal responsable de la crisis.
Torres enfatizó que el empresario ha causado un daño irreparable a las familias de la zona carbonífera y de todo el estado. Según sus declaraciones, Ancira les robó su determinación y el sustento por el que hoy pelean valientemente en las calles de la región.
El enfrentamiento con las fuerzas estatales resultó en un saldo de al menos siete obreros detenidos durante la trifulca. Torres denunció que los cuerpos de seguridad actuaron con violencia innecesaria, dejando a varios de sus compañeros con golpes visibles y heridas que requieren atención.
La indignación crece ante el trato recibido por la policía, especialmente considerando que muchos de los manifestantes son personas de avanzada edad. Entre las lesiones reportadas, destaca un obrero con una herida abierta en la ceja y múltiples contusiones provocadas durante el desalojo.
La lucha en la calle es, según los obreros, su último recurso ante leyes que actualmente no los protegen. Denuncian que el proceso judicial de Altos Hornos de México (AHMSA) es demasiado lento y burocrático, permitiendo que jueces y síndicos alarguen el conflicto.
Por ello, el gremio exige urgentemente que la Presidenta tome cartas directas en el asunto para solucionar la problemática de una vez. Consideran que el camino judicial tradicional solo les resta años de vida y justicia, por lo que buscan un diálogo directo con la federación.
Además de la violencia física, los obreros reportaron presuntos robos de pertenencias personales por parte de elementos de seguridad de Castaños. Se mencionaron celulares sustraídos y hasta el robo de joyería a una mujer presente, actos que han calado hondo en la moral del grupo.
A pesar de la represión vivida, el diálogo con las autoridades federales y estatales continúa de manera sumamente tensa. Representantes de Gobernación y del gobierno estatal han entablado contacto para gestionar la entrega de los obreros que permanecen bajo custodia.
La prioridad inmediata del comité es recuperar a sus compañeros sin que se les finquen cargos adicionales por la protesta. Aseguran que ya existen acuerdos con funcionarios como Felipe Flores y Juan Dávila para que las liberaciones se concreten pronto.
El próximo miércoles será un día clave para el movimiento en la plaza principal de la ciudad. Durante su asamblea semanal, los obreros tomarán decisiones colectivas y firmes sobre los siguientes pasos estratégicos que darán para defender sus derechos y asegurar su patrimonio.
La advertencia final de los obreros es clara: la movilización no se detendrá bajo ninguna circunstancia hasta obtener una justicia verdadera. No aceptarán soluciones a medias ni promesas vacías, pues su determinación por recuperar lo robado sigue más vigente que nunca.
