La gigante de maquinaria pesada ha alzado la voz contra la propuesta de venta del síndico, argumentando que el proceso, lejos de ser transparente, pone en riesgo sus derechos como acreedor y el valor real de la empresa en quiebra.
Por: Roberto Ortiz
La crisis que atraviesa Altos Hornos de México (AHMSA) parece no encontrar un respiro. Cuando los ojos de miles de familias en la región —cuyo sustento depende directa o indirectamente de la acerera— buscan señales de esperanza en los procesos de venta de activos, ha surgido un nuevo obstáculo legal que añade incertidumbre al panorama: Caterpillar Crédito, a través de su apoderado legal José Luis Delgado Montoya, ha interpuesto una oposición rotunda a la propuesta de venta presentada por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez.
No es una negativa menor. Para el lector común, esto podría parecer un tecnicismo legal más en un mar de expedientes judiciales, pero en el fondo, se trata de una disputa por el valor de los bienes y quién tiene la última palabra sobre ellos.
¿Por qué el gigante de la maquinaria se ha plantado?
En esencia, la postura de Caterpillar, formalizada por su representante legal, es clara: “nadie puede vender lo que ya está comprometido sin nuestro consentimiento”.
El conflicto se remonta a un contrato de prenda firmado el 20 de febrero de 2017. En aquel momento, AHMSA dejó diversos activos (que incluyen desde generadores hasta camiones de carga pesada) como garantía de sus obligaciones con la empresa estadounidense. Ahora, ante el intento del síndico de liquidar estos bienes para cubrir las deudas, Caterpillar alega que ese proceso ignora sus derechos fundamentales y contractuales.
Pero no se trata solo de contratos y firmas. La empresa argumenta que el procedimiento propuesto por el síndico es “ilegal” y, más preocupante aún, que está mal valorado.
La sombra de la subvaloración
El punto más crítico de la queja de Caterpillar toca el bolsillo de todos los involucrados: el precio. El síndico había propuesto fijar un “valor mínimo de referencia” del 85% del valor de la unidad productiva. Para la empresa, esta cifra es una herida directa al patrimonio que debería protegerse.
En sus alegatos, el apoderado legal explica que vender por debajo del valor real (es decir, descontando ese 15%) se traduce en una pérdida millonaria. Según su análisis, el procedimiento no busca maximizar el beneficio para los acreedores, sino que se aleja de la lógica de “obtener el mayor producto posible” que dicta la Ley de Concursos Mercantiles.
En palabras sencillas: Caterpillar sostiene que la venta, tal como está planteada, es un mal negocio para quienes tienen derecho a cobrar.
Un futuro en el limbo
Para la comunidad de Monclova y los trabajadores de AHMSA, este nuevo episodio judicial no es solo papeleo; es una barrera más en la larga carretera hacia la reactivación. Cada vez que un acreedor bloquea un paso en el proceso de quiebra, los tiempos se alargan y la solución definitiva parece alejarse.
Por ahora, la pelota está en la cancha de las autoridades judiciales. La oposición de Caterpillar ha dejado claro que no será un espectador pasivo en la liquidación de los activos que, bajo contrato, les pertenecen como garantía. Mientras el litigio avanza, el futuro de la empresa sigue siendo una incógnita, recordándonos que, en el mundo de los grandes negocios, las decisiones tomadas en una oficina pueden tener un eco profundo en la realidad de miles de hogares.
