El juzgado establece plazos estratégicos y una estricta fiscalización financiera para el nuevo proceso de subasta.
La reactivación del complejo siderúrgico inicia formalmente con el llamado “Día de Aprobación”, fecha en que se validan jurídicamente estas nuevas bases. A partir de ese momento, corre un plazo máximo de diez días naturales para que las autoridades publiquen de manera oficial la convocatoria dirigida a los inversionistas.
Inmediatamente después de autorizarse los lineamientos, comenzará la etapa de promoción y el sondeo de mercado. Los grupos empresariales interesados tendrán acceso continuo al Data Room preliminar para evaluar las condiciones operativas de la factoría, un beneficio que se mantendrá vigente y sin interrupciones hasta la audiencia final.
Un punto crucial del esquema es el proceso de debida diligencia e integridad corporativa encargado a una firma internacional especializada. Esta exhaustiva auditoría legal y financiera tomará diez días hábiles por participante, contados a partir de que entreguen toda la documentación necesaria para avalar la legitimidad de sus capitales.
Paralelamente, la ventana para recibir las solicitudes de precalificación de los postores se abrirá formalmente desde el primer día del lanzamiento de la convocatoria. Los interesados en competir deberán presentar sus credenciales a tiempo, ya que este registro cerrará definitivamente treinta días naturales antes de celebrarse la subasta económica.
El tribunal correspondiente tomará un lapso de diez días hábiles para resolver y emitir el dictamen de cada solicitud recibida. Aquellos consorcios que logren superar satisfactoriamente este filtro de elegibilidad y sean considerados aptos, obtendrán el acceso inmediato y completo al Data Room con la información confidencial de la empresa.
Para asegurar la seriedad de las ofertas y evitar especulaciones, los postores calificados tendrán que cumplir con una última formalidad jurídica. Deberán constituir la garantía de seriedad y acreditar plenamente su personalidad legal a más tardar cinco días hábiles antes de que inicie la trascendental audiencia judicial.
El evento cumbre del procedimiento especial de venta será la Audiencia de Subasta, cuya fecha exacta determinará el juez de la causa. El límite legal para desahogar este acto es de 75 días naturales contados desde la aprobación de las bases, prorrogable como máximo hasta 90 días.
Una vez finalizada la puja y presentadas las posturas oficiales, el tribunal otorgará un breve periodo de gracia para posibles controversias. Los involucrados contarán únicamente con dos días hábiles para formular objeciones u observaciones fundamentadas, abriendo paso a que el juzgado dicte el fallo definitivo de la propuesta ganadora.
El desenlace del proceso ocurrirá cuando el inversionista triunfador concrete la adquisición mediante la liquidación total del precio pactado en su oferta. Las bases estipulan un plazo de 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo para realizar el pago, formalizándose de inmediato la resolución de adjudicación.
