Víctor Manuel Aguilera Gómez tendrá que explicar públicamente cómo calculó la cuota concursal; la jueza Ruth Haggi Huerta García fijó para el 8 de septiembre una audiencia en la que los acreedores podrán conocer, cuestionar y pedir aclaraciones sobre las cifras propuestas.
La presión sobre la sindicatura de Altos Hornos de México subió de nivel. Cargill Financial Services International consiguió que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ordenara una audiencia pública para que el síndico explique, frente a los acreedores, cómo construyó la cuota concursal.
El llamado judicial coloca a Víctor Manuel Aguilera Gómez frente a los acreedores que tienen interés directo en conocer el origen de las cantidades propuestas. La jueza Ruth Haggi Huerta García determinó que deberá explicar personalmente la metodología, las bases de cálculo, los criterios utilizados y las operaciones realizadas.
La cita quedó marcada para las 13:00 horas del próximo 8 de septiembre de 2026, en el salón de usos múltiples del edificio sede del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, ubicado en Avenida Revolución número 366, en la Ciudad de México.
Cargill llevó la discusión al terreno público
La ofensiva de Cargill no quedó en un escrito más dentro del voluminoso expediente 19/2023. Su representante solicitó expresamente una audiencia pública para que el síndico exponga de manera detallada la metodología empleada para determinar la cuota concursal y las operaciones que llevaron a las cantidades propuestas.
La petición fue aceptada por la jueza, quien consideró que una comparecencia de esta naturaleza representa una herramienta adecuada para atender las dudas existentes y fortalecer los principios de seguridad, certeza jurídica, transparencia y adecuada administración de justicia dentro del procedimiento concursal.
El movimiento resulta relevante porque la discusión deja de estar únicamente en los documentos intercambiados dentro del expediente y pasa a una audiencia en la que los acreedores podrán escuchar directamente al especialista responsable de la propuesta de distribución.
El propio acuerdo judicial establece que la finalidad es dotar de certeza, transparencia y verificabilidad a la distribución concursal. Es decir, la autoridad busca que los interesados tengan elementos suficientes para entender de dónde salen las cantidades y bajo qué criterios fueron determinadas.
El síndico tendrá que abrir sus números
Víctor Manuel Aguilera Gómez deberá comparecer debidamente identificado y explicar personalmente la metodología utilizada para determinar la cuota concursal. No bastará con la existencia de documentos dentro del expediente: la jueza ordenó una exposición pormenorizada ante los acreedores reconocidos que decidan acudir.
La explicación deberá abarcar las bases de cálculo, los criterios utilizados y las operaciones realizadas para llegar a las cantidades propuestas. Es precisamente en esos elementos donde estará concentrada buena parte de la atención de los acreedores durante la audiencia pública.
La resolución, sin embargo, establece un punto importante: la audiencia tendrá carácter meramente informativo. Por ello, la comparecencia no significa que la jueza haya declarado incorrecta la cuota concursal ni que las cantidades hayan sido modificadas.
Tampoco representa por sí misma una nueva distribución de los recursos. Lo que ocurre es que el juzgado abrió un espacio formal para que la metodología sea explicada y para que los interesados puedan plantear argumentos, dudas y solicitudes de aclaración.
Una audiencia con advertencia incluida
La jueza no dejó la comparecencia en calidad de simple invitación. El acuerdo establece que, si el síndico no se presenta, podrá imponerse una medida de apremio consistente en una multa de 120 veces la Unidad de Medida y Actualización.
La advertencia adquiere mayor peso porque la propia resolución señala la relevancia e importancia del procedimiento de enajenación relacionado con el concurso mercantil. Por esa razón, el juzgado incluso autorizó una notificación urgente al síndico mediante llamada telefónica, WhatsApp o mensaje de texto.
La instrucción refleja la intención del órgano jurisdiccional de evitar retrasos en una etapa particularmente delicada del concurso. Aguilera Gómez deberá acudir a la sede judicial y responder sobre los elementos técnicos que sustentan la cuota concursal sometida a revisión.
La audiencia será presidida por la jueza Ruth Haggi Huerta García, quien tendrá a su cargo conducir los trabajos y otorgar el uso de la voz a las partes y personas legitimadas para intervenir.
Los acreedores podrán cuestionar y pedir aclaraciones
El acuerdo contempla que los acreedores reconocidos puedan acudir a la audiencia, aunque el acceso estará limitado debido al reducido aforo del recinto. Tendrán prioridad los acreedores garantizados y los demás acreedores reconocidos dentro del procedimiento.
Cada acreedor podrá ingresar acompañado de un máximo de dos personas. Quienes acudan deberán identificarse oficialmente y, cuando corresponda, acreditar la representación legal con la que pretendan participar en la sesión.
El juzgado también prohibió el ingreso de dispositivos electrónicos capaces de captar, almacenar o transmitir audio o video. La restricción forma parte de las medidas de seguridad y confidencialidad establecidas para el desarrollo de la audiencia.
La jueza será quien administre los tiempos y participaciones. Los asistentes podrán exponer argumentos, solicitar aclaraciones y formular dudas pertinentes, con el propósito de que exista una oportunidad efectiva de participación dentro de los límites del procedimiento.
Cargill no es el único acreedor involucrado
El expediente muestra que la discusión concursal involucra a diversos participantes. En los escritos recibidos aparecen representantes de AHMSA, Banca Afirme, Petróleos Mexicanos, Cargill Financial Services International y Caterpillar Crédito, además de promociones presentadas por Unifin Financiera y Chubb Fianzas Monterrey.
Todos estos movimientos reflejan la complejidad del concurso mercantil y el interés que existe alrededor de las decisiones que pueden afectar la recuperación de los créditos reconocidos. La cuota concursal es, por ello, un punto especialmente sensible dentro del procedimiento.
La propia documentación judicial señala que previamente se dio vista a las partes con escritos relacionados con los elementos explicados por el síndico para llegar a sus conclusiones. Esa etapa permitió a los interesados revisar la información y plantear sus posiciones.
Ahora, la audiencia llevará esa discusión a una comparecencia directa. El síndico deberá explicar ante la autoridad y los acreedores los fundamentos de su propuesta, mientras los interesados tendrán la posibilidad de escuchar y cuestionar.
La sombra de la nueva subasta
La audiencia ocurre además cuando el concurso mercantil de AHMSA y MINOSA avanza hacia una nueva etapa de venta de activos. El procedimiento especial de enajenación tiene programada para el 25 de septiembre la audiencia pública para recibir posturas por ambas unidades productivas.
La subasta está prevista para realizarse como una sola unidad productiva y su realización depende de condiciones previas, entre ellas que determinados acreedores otorguen cartas de conformidad para la venta de bienes sujetos a garantías y fideicomisos, además de que exista al menos un postor que cumpla los requisitos establecidos.
En ese escenario, la explicación sobre la cuota concursal adquiere todavía mayor interés. La distribución de los recursos y los derechos de los acreedores forman parte del entramado financiero y jurídico que acompaña el proceso de venta de los activos de AHMSA y MINOSA.
La nueva subasta llega después de que el primer intento, realizado en febrero, no prosperara. Ahora el procedimiento se encuentra nuevamente en marcha, con bases aprobadas y una fecha establecida para la recepción de posturas, aunque condicionada al cumplimiento de los requisitos fijados judicialmente.
El 8 de septiembre puede ser una fecha clave
La audiencia convocada para el próximo martes representa una nueva prueba para la sindicatura. Aguilera Gómez tendrá que explicar ante la jueza y los acreedores cómo llegó a las cantidades propuestas, mientras Cargill y los demás interesados podrán obtener directamente las respuestas que consideran necesarias.
No significa que el procedimiento concursal vaya a resolverse ese día. Tampoco que las cifras serán modificadas automáticamente. Pero sí abre una etapa de mayor escrutinio sobre una de las cuestiones que pueden definir cuánto corresponde recibir a cada acreedor.
El acuerdo judicial es claro al señalar que la comparecencia busca proteger el derecho de audiencia de los interesados y dar certeza a la distribución concursal. La discusión, por tanto, estará centrada en los números, los criterios y la metodología.
Y en medio de un concurso mercantil que se acerca nuevamente a una subasta, el mensaje es contundente: la cuota concursal tendrá que ser explicada frente a quienes tienen dinero e intereses en juego.
Cargill llevó la exigencia al terreno judicial y obtuvo una audiencia pública. Ahora el balón está en la cancha del síndico. El 8 de septiembre, Víctor Manuel Aguilera Gómez tendrá que sentarse frente a la autoridad y los acreedores para explicar cómo hizo las cuentas que están bajo la lupa.
