Amanecer en esta región ya se ha convertido en un deporte de alto riesgo para el estómago. La nota del día en la colonia Praderas del Norte en Frontera no solo nos devuelve el horror a la boca, sino que nos restriega en la cara la apestosa podredumbre de un sistema de justicia que parece diseñado por sus propios enemigos.
Resulta que el presunto responsable de segar otra vida es el mismísimo sujeto de apellido Carrizales. Sí, el mismo que en 2021 descuartizó a “Pepito”, un vecino querido de la colonia Las Flores, para luego empaquetarlo en una caja, sepultarlo en su patio y rociarle cal con la fría serenidad de quien limpia el garaje. Todo para seguir su vida tan campante.
Lo insólito —o trágicamente normal en estas tierras— es que a las autoridades les pareció que dos añitos en la cárcel eran castigo suficiente para semejante barbarie. En 2023 recuperó la libertad con absoluta alevosía y ventaja institucional, y tres años más tarde, el chiste se cuenta solo: el tipo volvió a cobrar una vida.
Aquí la pregunta no es si el sistema penal está fallando, sino cuánto nos cuesta sostener semejante teatro. Dicen los defensores de las instituciones que las leyes son perfectas y que son las personas quienes las echan a perder, como ocurre con los partidos políticos. Pero la realidad es que el Poder Judicial parece un nido de complicidades donde la incapacidad se premia y la justicia se remata.
Las recientes protestas de litigantes locales han dejado las vergüenzas al descubierto. Abogados como Napoleón Álvarez le dijeron en su propia cara al magistrado Ricardo López Campos que carece de la mínima capacidad para el puesto, calificándolo como el producto directo de una elección amañada. Y la estocada contra el presidente del magistrado del estado, Mery Ayup, no fue más suave: un 10% de capacidad jurídica y un 90% de maña política. Con esa proporción, aplicar justicia es un milagro que no va a ocurrir.
Torreón, Saltillo, Piedras Negras y la Carbonífera replican exactamente el mismo drama. La interrogante que flota en el aire es dolorosa: ¿cuántas víctimas fatales más le faltan a la estadística para que se decidan a pasar la escoba por el tribunal?
Y AHMSA
Por si el panorama no fuera bastante desolador, la tragicomedia de Altos Hornos de México se alista para su siguiente acto. Se supone que este jueves cuatro de noviembre, Cargill y Afirme acudirán ante la jueza Ruth Haggi Huerta para entregar el tan cacareado primer informe del consorcio prometido.
Ahí sabremos si finalmente hay una gota de interés real o si nos van a recetar otra de sus acostumbradas mafufadas, calcadas de las subastas fallidas que ya nos sabemos de memoria. El año agoniza y con él se cumplirán cuatro largos años de parálisis industrial y casi dos de una quiebra oficial que solo ha servido para asfixiar a los trabajadores.
Decirlo suena fácil, pero arrastrar la cobija sin salario mientras los burócratas juegan a la política es la cruz que cargan las familias obreras. Habrá que estar atentos a lo que le digan a la jueza en ese estrado, no vaya a ser que nos salgan con la sorpresa de que engendraron a otros “camerinos” al estilo de Arturo Domínguez, expertos en hacer ruido y dejar el plato vacío.
